Tener más dinero te puede librar de morir por un ictus: el impacto que la renta tiene en la salud

En los últimos años, el campo de los determinantes sociales de salud (DSS) ha ido acaparando mayor atención en el mundo. Hablamos de las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Esta visión de 360º de la vida de un ciudadano ayuda a explicar por qué la salud puede depender –y mucho– de la situación social, incluso en países como España que tienen un sistema de salud público que llega a toda la población.

La última investigación al respecto se ha presentado este miércoles en la X Conferencia de la Organización Europea de Accidentes Cerebrovasculares (ESOC) y revela que las personas con altos ingresos tienen un 32% menos de riesgo de mortalidad después de un accidente cerebrovascular. Un informe que también muestra que la gente con una educación superior tiene un 26% menos de riesgo de muerte después de un accidente cerebrovascular. Dos datos que ponen de relieve las sorprendentes disparidades en la supervivencia al accidente cerebrovascular basadas en DSS.

Además de identificar una conexión significativa entre los ingresos, el nivel educativo y el riesgo de mortalidad tras un ictus, el estudio revela una tendencia preocupante en relación con el impacto acumulativo. Los pacientes con DSS desfavorables presentaban un riesgo de mortalidad un 18% mayor que los pacientes sin ninguno de estos. Un riesgo que aumentaba hasta el 24% en los pacientes con entre dos y cuatro factores.

Al examinar las características de los pacientes de la cohorte estudiada, se observa disparidades de género y el impacto potencial de los factores de riesgo. La proporción de pacientes de sexo femenino aumenta con el número de factores de riesgo desfavorables; el 41% del grupo sin factores de riesgo desfavorables son mujeres, mientras que el 59% del grupo con dos a cuatro factores de riesgo desfavorables eran mujeres. Además, el tabaquismo, ya fuera actual o en el último año, era más prevalente en el grupo con dos a cuatro factores de DSS desfavorables en comparación con los que no tenían ninguno (19% frente a 12%).

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Katharina Stibrant Sunnerhagen, profesora de Neurociencia Clínica en la Universidad de Gotemburgo y autora principal del estudio, resume que sus hallazgos ponen de relieve la “cruda realidad” de que “el estatus socioeconómico de una persona puede ser cuestión de vida o muerte en el contexto de un ictus, especialmente cuando se enfrentan a múltiples factores de DSS desfavorables”.

Más tarde al hospital, tabaquismo, peor rehabilitación...

El estudio analizó los datos de 6.901 pacientes que sufrieron un ictus en Gotemburgo (Suecia) entre noviembre de 2014 y diciembre de 2019 para examinar el impacto de los DSS en el riesgo de mortalidad posterior al ictus, basándose en cuatro factores principales: zona de residencia, país de nacimiento, educación e ingresos.

Aunque se haya llevado a cabo con datos suecos, Sunnerhagen considera que sus conclusiones son extrapolables al resto del continente: "Creemos que estas conclusiones son válidas para toda Europa, donde existen estructuras sanitarias y niveles de vulnerabilidad social similares, lo que pone de relieve un problema generalizado en todo el continente". España incluida, especifica en conversación con El Confidencial.

De hecho, estudios recogidos por la Sociedad Española de Neurología (SEN) ya habían evidenciado una asociación entre bajos niveles de educación e ingresos y la mortalidad por ictus. En concreto, análisis anteriores habían llegado a la conclusión de que pueden tener un 10% más de riesgo de muerte o de depender de otros para completar las tareas diarias tres meses después de un ictus, en comparación con las personas con altos niveles de educación e ingresos.

El presidente de la SEN, Jesús Porta-Etessam, explica a este periódico que hay varios motivos. "En primer lugar, se ha visto que suelen llegar más tarde a los hospitales, probablemente por la falta de educación al respecto, que hace que tarden más en avisar y, por tanto, se tarda más en activar el código ictus. Lo que provoca un peor pronóstico, porque con las terapias que tenemos actualmente podemos conseguir prácticamente que el 50% se recupere si se detecta a tiempo", señala el neurólogo.

"Lo segundo es que se relaciona la renta más baja con un mayor número de factores de riesgo cerebrovasculares, lo cual aumenta la probabilidad del ictus y que sea todavía peor", como son el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, no controlar la tensión arterial y la diabetes, según explica el especialista.

"Y lo tercero es que las personas que tienen rentas más altas tienen posibilidad de tener rehabilitación más precoz", ya que pueden pagarse atención privada más inmediata que favorezca la recuperación. "Aunque tenemos un sistema público maravilloso, deberíamos pensar en que tenemos que rehabilitar más el daño cerebral adquirido por ictus", añade reclamando más recursos para que esto no suceda.

El neurólogo español hace un llamamiento a atender más a los condicionantes sociales. En la misma línea, Sunnerhagen clama: "Dado que se prevé que el número de personas afectadas por ictus en Europa aumente un 27% entre 2017 y 2047, la necesidad de intervenciones eficaces es más acuciante que nunca. A la luz de las conclusiones de nuestro estudio, es esencial contar con estrategias específicas. Los responsables políticos, por ejemplo, deben adaptar la legislación y los enfoques para tener en cuenta las circunstancias y necesidades específicas de las diversas comunidades, mientras que los médicos deben considerar la identificación de pacientes con factores DSS desfavorables para prevenir la mortalidad posterior al accidente cerebrovascular".

Alzhéimer, párkinson, migrañas...

Pero no solo se trata de los ictus, desde la SEN explican que los DSS impactan en general en la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento y el manejo de las enfermedades neurológicas; y también en la salud cerebral en general. Muestra de ello es que, en los últimos años, se han publicado diversos estudios que han tratado de cuantificar este impacto en enfermedades como el alzhéimer y otras demencias, esclerosis múltiple, párkinson, epilepsia, migrañas y otro tipo de cefaleas, enfermedades neuromusculares o neuropatías.

En el caso del alzhéimer y otras demencias, factores sociales como el nivel de educación, el acceso a cuidados de salud preventivos y el apoyo social pueden influir en su incidencia y manejo. Reciente se ha dado a conocer un estudio que ha determinado que las personas de entornos socioeconómicos más bajos tienen tres veces más probabilidades de desarrollar demencia de aparición temprana. Y, si esas mismas personas llevan un estilo de vida poco saludable, el riesgo es un 440% mayor en comparación con aquellas de un nivel socioeconómico más alto que llevan un estilo saludable.

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En el caso de la enfermedad de Parkinson, la exposición a pesticidas y otros productos químicos, que puede estar relacionada con ocupaciones específicas y condiciones de vida, ha sido vinculada a un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Además, también se han publicado diversos estudios que han asociado menores ingresos y menor nivel educativo con una mayor gravedad de la enfermedad y discapacidad, en distintos grados.

La alta relación entre el estrés, que a su vez también suele estar relacionado con condiciones laborales, económicas y sociales, con el desarrollo de migrañas y otras cefaleas, hace que la prevalencia de estas enfermedades sea mayor entre las personas más desfavorecidas. Son muchos los estudios que afirman que la migraña crónica, que es la migraña más invalidante, es más frecuente en personas que viven en entornos con un nivel socioeconómico más bajo.

Asimismo, desde la SEN explican que la prevalencia de la esclerosis múltiple también puede verse afectada por factores geográficos y socioeconómicos, incluyendo el acceso al diagnóstico y tratamientos especializados. Al igual que con ciertas enfermedades neuromusculares (como la distrofia muscular o la ELA), en el que acceso a cuidados de salud y apoyo social son clave para su manejo.